Presentamos y registramos la nueva proposición de Ley dirigida a recuperar las medidas antidesahucios anuladas por el Tribunal Constitucional

Acabar con los desahucios debe ser una prioridad en esta legislatura: la futura "Ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional" será clave para lograrlo.

Las entidades sociales ya tenemos el apoyo de una mayoría parlamentaria suficiente para aprobarla en otoño a través de una tramitación de urgencia.

Hoy 8 de junio de 2021, gracias a la fuerza y presión del Grupo Promotor de la Ley 24/2015, hemos conseguido registrar la nueva proposición de Ley dirigida a recuperar las medidas antidesahucios del DL 17/2019 anuladas por el Tribunal Constitucional. Medidas de urgencia para acabar con la lacra de los desahucios, que cuentan con una mayoría en el Parlamento catalán, con el apoyo de ERC, Junts, En Comú Podem y CUP.

Después de haber exigido el pasado mes de febrero un compromiso firme a los cabezas de lista con una nueva Ley, durante los últimos días nos hemos reunido con los diferentes grupos parlamentarios de las diferentes formaciones, a fin de cerrar la proposición de Ley que el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 hemos trabajado y donde hemos incluido medidas significativas que mejoran el último DL 17/2019 y que obligarán a los grandes tenedores a su íntegro cumplimiento sin posibilidad de saltárselo. Medidas nuevas tan importantes como:

  • Renovaciones obligatorias una vez los alquileres sociales llegan a su fin.
  • Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en extinciones de contratos de alquiler.
  • Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en algunos casos de ocupación.
  • Ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora personas jurídicas de más de 10 viviendas, y por tanto, protegerá a más arrendatarias con amenaza de desahucio.
  • Control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat, además de los ayuntamientos, por lo tanto, más control del cumplimiento de la Ley e imposición de sanciones si se incumple y un límite de un mes por parte del gran tenedor a hacer la oferta.
  • Ampliación a 7 años la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y fondos buitre.
  • Elaboración de un registro de grandes tenedores de personas jurídicas de más de 10 viviendas

 

La avalancha de desahucios previstos a partir del 9 de agosto, cuando finalice la moratoria de desahucios estatales, no hará más que agravar la crítica situación que estamos sufriendo. Más de 3000 familias se quedaron desamparadas cuando cayó la norma, según datos de la Agencia de Vivienda de Catalunya (AHC). La pandemia ha agudizado y agravará la situación de emergencia habitacional que comenzó en 2008 y que hace más de 12 años que dura. No nos podemos quedar de brazos cruzados. A raíz de la COVID-19 hemos visto cómo muchas familias han perdido los trabajos o han visto disminuir sus ingresos. Situaciones límite que supondrán en muchos casos una pérdida de la vivienda si no aplicamos políticas valientes para hacer frente y que se sumarán al ranking de la vergüenza que lidera Catalunya en el número de desahucios diarios; 38 familias desahuciadas diariamente en el 1er trimestre de 2021, según datos del CGPJ. Recordemos que además, las Mesas de emergencia están saturadas con más de 1.800 solicitudes pendientes (con más de 2 años de espera) y el parque público de vivienda no llega al 2%, mientras hay 3,5 millones de viviendas vacías en todo el Estado.

La nueva Ley para la vivienda es la primera Ley que promoverá el nuevo Parlament, habiendo pasado menos de dos semanas desde la investidura del nuevo presidente y Gobierno catalán. Una clara voluntad política y compromiso con la ciudadanía, en especial con las familias que se enfrentan a un desahucio, con la voluntad de que sea tramitada de urgencia y aprobada en el Parlament en otoño de este mismo año.

Ahora tenemos la oportunidad de que Catalunya sea ejemplo de respeto absoluto a los derechos sociales para todos y todas, como mandan los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados, la Constitución, el Estatuto y el marco legal propio, los Tribunales Europeos y la ONU. El Grupo Promotor y la ciudadanía organizada estaremos vigilantes de esta urgente aprobación. No podemos permitir ninguna otra vulneración del derecho a la vivienda.

Cuando se apruebe, recuperaremos los alquileres sociales obligatorios para grandes tenedores en casos de extinciones de contrato y acceso precario a la vivienda, así como la renovación de los miles de alquileres sociales que han vencido. La Proposición de Ley, no solo recupera las medidas anuladas, sino que las mejora, evitando que los grandes tenedores se la salten. Si no actuamos, a partir del otoño y durante el 2022 vendrá un tsunami de casi 26.000 desahucios, cifra nunca vista y superior al pico de desahucios de 2013, de 16.000 lanzamientos.

La XIII Legislatura del Gobierno de Catalunya, debe ser la del derecho a la vivienda digna y adecuada, no la de los desahucios. ¡Ahora la vivienda!

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