Los municipios de la demarcación de Barcelona perderán casi un 50% de vivienda de protección oficial privada en 7 años

  • Un estudio del Observatorio DESC y el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (O-HB) muestra la pérdida del parque de vivienda de protección oficial cuando este se descalifica
  • El cambio legal de 2019 en Cataluña introduce la calificación permanente en la práctica totalidad del nuevo parque de vivienda de protección oficial

De las 72.501 viviendas que había con protección en la provincia de Barcelona en 2021 solo quedarán 36.031 en el 2030 y 18.830 en el 2040. Es decir, se habrán reducido en un 49,7% y un 74% respectivamente. Esta es una de las principales conclusiones del informe El parque de vivienda de protección oficial en Barcelona: stock existente y su evolución, elaborado por el Observatorio DESC y el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (O-HB). El informe publica datos inéditos del Servicio de Estudios y Documentación de Vivienda de la Generalitat de Cataluña con el objetivo de aportar una visión poco conocida por la sociedad sobre el problema de la vivienda y las razones por las cuales actualmente Cataluña, Barcelona y el área metropolitana están por debajo de la media de vivienda social a Europa, tal como ambos organismos indicamos al informe State of Housing 2021. Cataluña y Barcelona, presentado anteriormente.

Descalificaciones en Cataluña

La normativa de vivienda con protección oficial (VPO) en Cataluña durante las últimas décadas se ha caracterizado para prever unos periodos de calificación cortos y no permanentes (con algunas excepciones). Esto provoca una progresiva descalificación de los inmuebles, que dejan de formar parte del stock a precio regulado sin ningún tipo de contraprestación para la Administración

Por otro lado, el informe destaca que con la actual normativa (Decreto Ley 17/2019) la práctica totalidad de las viviendas de protección oficial que se están construyendo y se construirán no podrán ser descalificados en lo sucesivo. Esta política va en la línea de la implementada en el País Vasco, que establece que las viviendas de protección oficial no podrán ser descalificados tanto si son de titularidad pública como si no lo son, a pesar de que contempla algunas excepciones. Con la actual normativa, Cataluña se sitúa entre los territorios más avanzados en cuanto al periodo de vigencia de la calificación, en comparación en otras comunidades autónomas analizadas al informe como Asturias, Galicia y Andalucía.

Perspectivas como las que aporta esta investigación permiten poner todavía más en valor los últimos cambios que han corregido parcialmente este defecto en la normativa. Sin embargo, el informe muestra la importante de pérdida de activos de vivienda de protección oficial que se regulan por la normativa anterior.

El Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (O-HB) fue creado en 2017 como una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, con el apoyo de la Asociación de Gestores de Vivienda Social (GHS). Desde el 2018, es una unidad integrada en la estructura del Instituto de Estudios Regionales Metropolitanos de Barcelona (IERMB). Su finalidad es ser un instrumento de ámbito supramunicipal para el análisis y la consulta de los datos relacionados con la vivienda y para apoyar al diseño y la evaluación de las políticas públicas de vivienda en el ámbito metropolitano de Barcelona. Podéis acceder al Laboratorio completo en el apartado Proyectos de ohb.cat.

El Observatorio DESC es un centro por la defensa de los Derechos Humanos que concentra sus esfuerzos a desmontar la percepción devaluada de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) -derecho a la vivienda, al trabajo, en la educación, a la salud, a la alimentación, al ambiente sano- en relación a otros derechos como los Derechos Civiles y Políticos y los derechos patrimoniales. Para hacerlo, el Observatorio combina la incidencia política con la investigación, el asesoramiento, la organización de formaciones y jornadas y el litigio estratégico. Así, se promueven investigaciones y publicaciones, se organizan seminarios y cursos y se acompañan reivindicaciones y luchas populares. Todo ello, sin perder de vista la importancia del trabajo en redes locales y globales y la participación en campañas sociales.

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